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11/02/2019

Acuerdo Conclusivo Voluntario: una herramienta con claroscuros

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La relevancia de la inclusión de esta instancia en la Ley de Procedimiento es el cambio de paradigma que se presenta en la apreciación de la relación del fisco con el contribuyente.

 

Un novedoso instituto introducido en la Ley 11.683 por la última reforma tributaria que merece algunas reflexiones.

La relevancia de la inclusión del Acuerdo Conclusivo Voluntario (ACV) en la Ley de Procedimiento Tributario (LPT) radica en el cambio de paradigma en la apreciación de la relación fisco-contribuyente que lleva implícita. El propósito del nuevo instituto es buscar acercar las posiciones de ambos actores y, mediante un trabajo conjunto, arribar a una solución que satisfaga las pretensiones de las dos partes. Considerando las falencias que presentan los medios tradicionales de solución de controversias en cuanto a tiempos y costes, el ACV se presenta como un complemento a los medios ya existentes, una alternativa que ayudaría a descongestionar el sistema judicial, reduciendo los niveles de litigiosidad y, por lo tanto, fomentando la celeridad y economía en la resolución de conflictos. Asimismo, la incorporación del ACV va en consonancia con la tendencia a nivel internacional y con los resultados positivos que en términos generales se han obtenido mediante la utilización de medios alternativos de resolución de controversias en materia fiscal. En virtud de lo expuesto, destacada doctrina (1) estima la inclusión del ACV en el ordenamiento tributario argentino como un avance significativo en la promoción de instancias de diálogo entre la autoridad fiscal y sus administrados. No obstante, el instituto introducido presenta algunos claroscuros que consideramos deberían ser subsanados por la futura normativa reglamentaria en aras de que su implementación efectiva resulte fructífera.

1|En cuanto a la oportunidad del ACV

De la redacción del artículo agregado a continuación del art. 16 de la LPT extraemos en primer término que la instancia del ACV tiene lugar previo a la determinación de oficio prevista en el artículo 17 de la misma ley. Es decir, en el marco de un proceso de fiscalización, pero anterior a la resolución por parte del juez administrativo. Esto plantea ambigüedades sobre cuándo se dará efectiva apertura a la instancia, que podría ser en algún momento de la fiscalización, con la Vista otorgada o quizás incluso con la Vista ya contestada, antes de la resolución determinativa.

A su vez, que el Acuerdo tenga lugar previo a la determinación de oficio implica la no inclusión en este nuevo instituto de aquellos casos que tramitan por otra vía, como podría ser a través de lo regulado por el artículo 74 del Decreto 1379/79.

2| ACV: Aspectos habilitadores

De la letra del nuevo artículo incorporado se desprende que estamos frente a una instancia con finalidad específica: para apreciar hechos, la correcta aplicación de las normas, realizar estimaciones, valoraciones o mediciones de datos, elementos o características relevantes para la obligación tributaria o ante situaciones novedosas, complejas o trascendentes que ameritan una solución conciliatoria. Dicha enumeración de casos y situaciones que habilitan el ACV resulta lo suficientemente genérica para generar dudas sobre cuáles serán las situaciones fácticas en las cuales el Fisco dará realmente lugar a esta instancia. Es por ello que consideramos conveniente que la reglamentación establezca con minuciosidad los supuestos (en qué casos y bajo qué condiciones) que darán curso al mismo, impidiendo que la procedencia de la instancia quede librada al arbitrio del Fisco.

3|Órgano a cargo de la conciliación

Aquí nos encontramos frente al comienzo del proceso: el sometimiento del caso al “órgano de conciliación colegiado”. El mencionado artículo prevé que dicho órgano estará integrado por funcionarios del Fisco y autoridades de contralor designadas al efecto. Lo primero que se pone de manifiesto es la completa ausencia de participación del contribuyente inspeccionado en aquél, ya sea por sí mismo o por un tercero que lo represente. Esta característica del órgano de conciliación le imprime una clara falta de imparcialidad y neutralidad, al tiempo que difiere en gran medida con lo previsto en los ordenamientos tributarios de otros países, en los cuales los cuerpos colegiados gozan de la independencia necesaria (como el caso de la Oficina de Apelaciones norteamericana) o bien cuentan con la intervención directa de organismos representantes de los intereses de los contribuyentes(como ser la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente -Prodecon- en México).El mencionado órgano recomendará una solución o el rechazo de esta vía.

4|Efectos del ACV para las partes

Según lo previsto en el artículo incorporado en la LPT, la aprobación y aceptación del Acuerdo tendrá consecuencias tanto para el contribuyente como para el Fisco.

El primero de ellos es que el crédito surgido a favor del Fisco constituirá título ejecutivo, habilitando en caso de incumplimiento el procedimiento de ejecución fiscal (conf. artículo 92 de la LPT).

En segundo lugar, la AFIPno podrá ignorar los hechos que dieron fundamento al Acuerdo y tampoco podrá oponerlos en otro fuero, con la obvia excepción de que se compruebe la falsedad de los mismos.

En tercero, cabe destacar que la ley Ley N° 27.430 introdujo una modificación en el artículo 49 de la LPT, según la cual no será de aplicación la reducción de sanciones prevista en dicho artículo cuando proceda la instancia de conciliación administrativa. Esto resulta especialmente llamativo ya que va a contrasentido de lo previsto en casi todos los ordenamientos que contemplan la transacción en materia fiscal (Italia -Acuerdo con adhesión-, España -Acta con acuerdo-, Mé- jico -Acuerdo conclusivo- y otros).

Por último, resulta necesario señalar que mediante el artículo 208 de la Ley 27.430 se introduce la suspensión de la prescripción por el plazo de un año desde el acto que someta las actuaciones a la instancia del Acuerdo (salvo que corresponda la aplicación de otra causal de suspensión de mayor plazo) (artículo 65, inciso d) de la LPT).

5|Constitución del ACV como antecedente

Está previsto en la Ley que para que el acuerdo pueda constituirse como antecedente deben cumplirse dos condiciones en forma simultánea: a) debe tratarse de cuestiones de puro derecho (recordemos que los Acuerdos podrán versar tanto sobre materia de derecho como de hecho) y b) siempre que el contribuyente se avenga al acuerdo conciliatorio y abone los importes en iguales condiciones que el precedente en cuestión.

Al respecto consideramos que sería deseable que la Administración haga públicas las cuestiones de derecho resueltas mediante este instituto con el objeto de que el universo de los contribuyentes y sus asesores tomen conocimiento de cuál es la postura del Organismo en relación a las mismas, reduciendo la incertidumbre en materias que puedan resultar, al menos, controvertidas. Sobra decir que deberán arbitrarse los medios para salvaguardar el secreto fiscal y demás derechos del contribuyente involucrado.

La creciente complejidad del ordenamiento jurídico tributario producto de la proliferación de normativa, así como el carácter cambiante y muchas veces ambigua de ésta puede ser referida como principal causante de situaciones litigiosas entre fisco y contribuyente. Un sistema tributario complejo, que recibe constantes modificaciones y no está cristalizado es susceptible de tener diversas interpretaciones, que derivan en controversias entre los actores en cuestión. Surge entonces la necesidad de contar con mecanismos alternativos de resolución de controversias, rol que consideramos podría ser desempeñado potencialmente por el ACV recientemente introducido en nuestro ordenamiento tributario y otros institutos similares pasibles de ser legislados en el futuro.

Fuente: ámbito.com

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