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03/09/2002

Disertación de Joaquín Morales Solá.

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La Argentina seguirá siendo una geografía aislada y exótica. Presa de los intereses políticos, personales y corporativos de no más de cincuenta dirigentes, entre los que se incluyen algunos jueces, ha convertido en arte el cambio constante de las reglas del juego. El eventual acuerdo con el FMI, considerado inminente hasta hace pocos días, entró en un paréntesis que podría resultar demasiado largo.

La Argentina seguirá siendo una geografía aislada y exótica. Presa de los intereses políticos, personales y corporativos de no más de cincuenta dirigentes, entre los que se incluyen algunos jueces, ha convertido en arte el cambio constante de las reglas del juego. El eventual acuerdo con el FMI, considerado inminente hasta hace pocos días, entró en un paréntesis que podría resultar demasiado largo.

Esta vez la culpa no es del Fondo, sino de la política argentina, ha dicho uno de los principales negociadores del Gobierno. Nada de lo que ha hecho la política es irremediable, pero todo lo que perpetró torna imprevisible al país y a sus gobernantes. La responsabilidad es un don muy escaso en una cima que trastabilla.

La Corte Suprema de Justicia ejecutó otro golpe de Estado judicial. Declaró inconstitucional el recorte del 13 por ciento en la administración pública, un decreto que tenía casi dos años de antigüedad y que le permitió al gobierno actual presentar cuentas fiscales más o menos aceptables ante los organismos multilaterales. ¿Fue justo aquel recorte? Fue injusto, sin duda. Pero ni la Argentina ni su gobierno ni su sociedad son normales desde hace varios años.

¿Es justo devolverle el 13 por ciento a la administración pública cuando los salarios privados han sido recortados ya entre un 20 y un 30 por ciento? ¿No hay ahí una clara discriminación? ¿Qué acuerdo sobre las cuentas públicas se podría firmar cuando a cada rato aparecen nuevos compromisos para el Estado? Anne Krueger tiene razón: no hay pacto con la Argentina que dure más de 48 horas.

El conflicto con la Corte Suprema tiene dos componentes: los jueces de ese tribunal y el propio Duhalde. El Presidente es un político dúctil en todos los casos menos en uno: cuando entrevé la impronta de Menem. Entonces sus ojos se cierran y sus oídos se tabican. Duhalde cree desde las vísperas de su acceso al poder que la Corte es un rebaño menemista que lo acecha y lo hostiga.

No todos los miembros del tribunal, pero la mayoría nombrada por Menem ha estado negociando con el duhaldismo hasta el día anterior de su fallo. La Corte viene reclamando el archivo del juicio político que se ventila en el Congreso. Es cierto que Duhalde es el único duhaldista que invariablemente ha dicho no a la negociación y al acuerdo. Ninguno de sus amigos se explica, en la intimidad, tanta obcecación. Presidente, somos nosotros los que necesitamos de ellos, no ellos de nosotros, le repicaron en las orejas, vanamente.

Hay algo peor en lo inexplicable: ¿para qué amenazar con un juicio político si no tiene de su parte a los jueces? Los jueces son, en este caso, los dos tercios del Senado, que Duhalde jamás logrará reunir para tumbar a la Corte.

La mayoría de la Corte no le cree al Presidente y está tan emperrada como él en eludir una tregua. En ningún otro caso como en éste, la perpetua guerra entre Duhalde y Menem está destruyendo cualquier salida para la confusión argentina.

Una semana antes el Congreso había sido el reino de la extravagancia. Cuatro proyectos de leyes habían caído como martillazos sobre el sistema financiero y habían encrespado, ya entonces, los ánimos de las autoridades del FMI.

Antes del fallo de la Corte, el organismo multilateral se preparaba sólo para postergar el próximo vencimiento de la Argentina, el 9 de septiembre, por casi 2900 millones de dólares. El acuerdo estaba lejos y, por lo tanto, se estiraba también la posibilidad de que la Argentina pudiera acceder a créditos del BID y del Banco Mundial y de que firmara acuerdos comerciales bilaterales con Estados Unidos, Francia, España e Italia.

Los dos proyectos más benignos, la prorroga por 60 días del CER y de las ejecuciones prendarias, serán aprobados por Duhalde porque fueron producto de una negociación; los senadores querían prórrogas de entre seis meses y un año. Son irrelevantes: la prórroga del CER sólo amontona deudas y las ejecuciones prendarias están postergadas de hecho.

Los otros dos proyectos tienen otra envergadura. Uno constituye la última iniciativa que presentó Raúl Alfonsín antes de irse del Senado y promueve que las casas matrices de los bancos extranjeros se hagan cargo de los depósitos de sus filiales locales. El proyecto inicial del ex presidente fue modificado varias veces y, como es costumbre, salió el peor de todos.

El problema debe analizarse desde otro ángulo: las casas matrices tienen la obligación de hacerse cargo de los errores de sus filiales cuando éstas han sido mal administradas por sus ejecutivos. ¿Debería suceder lo mismo cuando las entidades bancarias han caído abatidas por errores de política económica? Un gráfico confeccionado por el Banco Central es demostrativo de que la fuga de depósitos se profundizó con cada estertor de la crisis política local. Esa caída comenzó el mismo día que renunció José Luis Machinea y sólo hizo estaciones en una descenso constante.

El otro proyecto, presentado por Luis Barrionuevo, recrea el Instituto de Servicios Sociales Bancarios, un viejo monumento al despilfarro sindical, financiado con el 2 por ciento de todos los intereses y comisiones que cobran los bancos. El proyecto también crea una bolsa de trabajo obligatoria para reclutar personal bancario. Duhalde vetará tanto el proyecto de Alfonsín como el de Barrionuevo.

El influyente y bien informado Financial Times publicó en la tapa de su edición británica que banqueros argentinos habían denunciado un pedido de sobornos por parte de senadores para enterrar ese proyecto. Diplomáticos norteamericanos le hicieron llegar al canciller Carlos Ruckauf su preocupación por esa versión.

Sin embargo, ni Duhalde ni Lavagna ni los principales referentes del sistema financiero han confirmado ese rumor; más bien se han manifestado sorprendidos por una versión que desconocían. Sucede que en el mundo parece creíble cualquier cosa que se diga de una Argentina mágica, ha dicho uno de ellos.

El Congreso está sin liderazgo y la Justicia gira en el vacío, arropada sólo por sus rencores. Así no llegamos a marzo, pronostica un encumbrado oficialista.

En medio del fragor y la inestabilidad, Lavagna y el jefe del Banco Central, Aldo Pignanelli, decidieron desenfundar otra vez sus armas. Pignanelli insistió públicamente (no él, sino un miembro del directorio) en su proyecto para liberar el corralito cuanto antes. El proyecto es bueno y podría ayudar a restituir la confianza en el sistema bancario.

Pero Lavagna tiene su parte de razón cuando dice que no debe hacerse nada nuevo en el sistema bancario mientras no esté firmado el acuerdo con el FMI, mientras el decreto sobre los amparos duerma en el regazo de la Corte Suprema de Justicia (podrían tumbarlo en los próximos días) y mientras no haya cesado el combate entre el tribunal y el Gobierno. Pignanelli le aseguró al jefe del Gabinete, Atanasof, que tiene la renuncia redactada y que deberán buscarle un reemplazante.

La eventual renuncia de Pignanelli significaría la caída del tercer presidente del Banco Central en ocho meses. ¿Creerá el mundo exterior en las promesas argentinas de independencia de la autoridad monetaria? Seguramente no.

La estirpe de la cima, formada por políticos, candidatos y jueces, retoza mientras más de la mitad de la sociedad argentina cruzó ya la línea de la pobreza y el 70 por ciento de los niños no puede satisfacer sus necesidades básicas. Ha hecho del daño una banalidad.

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