Jurisprudencia
06/11/2019

GANANCIAS. INDEMNIZACIÓN POR DESVINCULACIÓN LABORAL. DOCTRINA DE LOS ACTOS PROPIOS. ACEPTACIÓN DE UN MONTO NETO A COBRAR. RECURSO POR RETARDO DE REPETICIÓN

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GANANCIAS. INDEMNIZACIÓN POR DESVINCULACIÓN LABORAL. DOCTRINA DE LOS ACTOS PROPIOS. ACEPTACIÓN DE UN MONTO NETO A COBRAR. RECURSO POR RETARDO DE REPETICIÓN

El Tribunal Fiscal de la Nación, por mayoría, rechazó el recurso por retardo de repetición incoado por el contribuyente. La Cámara confirmó lo decidido, pero haciendo hincapié en otro argumento. Señaló que corresponde destacar que la parte actora en varias ocasiones indicó que suscribió el Acuerdo de desvinculación con su ex empleador a fin de evitar la prosecución de un posterior pleito laboral. Por tal motivo, señaló que convalidó los conceptos y los montos ofrecidos en los términos en que fuera suscripto el Acuerdo en cuestión. El recurrente prestó su conformidad con los montos y conceptos calculados y liquidados por su ex empleador por los cuales habría de percibir determinada suma, que es lo que efectivamente recibió, sin experimentar sobre dichos montos retención alguna y sin efectuar ningún tipo de reserva o reparo; motivo por el cual, mal podría alegar con posterioridad que las sumas percibidas debieron ser superiores a las acordadas en el marco del Acuerdo conciliatorio suscripto, en el cual, y con ajuste a los términos pactados, fue el empleador quien se hizo cargo del tributo correspondiente a la indemnización percibida.
GOWLAND, RICARDO GUSTAVO C/DGI S/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO - CÁM. NAC. CONT. ADM. FED. - SALA II - 08/10/2019
 

 

 

PARTE/S:

Gowland, Ricardo Gustavo c/DGI s/recurso directo de organismo

TRIBUNAL:

Cám. Nac. Cont. Adm. Fed.

SALA:

II

FECHA:

08/10/2019

JURISDICCIÓN

Nacional

 

Buenos Aires, 8 de octubre de 2019.- PAF

Y VISTOS: estos autos, caratulados "Gowland, Ricardo Gustavo c/ Dirección General Impositiva s/Recurso Directo de Organismo”, y

CONSIDERANDO:

I. - Que a fs. 112/115, el Tribunal Fiscal de la Nación, por mayoría, rechazó el recurso por retardo de repetición incoado por el contribuyente Ricardo Gustavo Gowland en los términos del art. 81 de la ley 11.683, con costas al vencido. Asimismo, reguló los honorarios de los letrados representantes del Fisco Nacional.

Para así decidir, recordó que la parte actora interpuso el mencionado recurso con fundamento en que había transcurrido el plazo de tres meses sin que el organismo recaudador se expidiera con relación a la procedencia de la repetición de la suma de $ 475.712,64 reclamada, con más intereses resarcitorios y actualización.

Destacó que el pedido de devolución encontró su sustento en la desvinculación de la parte actora de su ex empleador -la firma Wells Fargo Advisor Argentina LCC- y la liquidación final practicada como consecuencia de ello en concepto de "indemnización por antigüedad”, sobre lo cual, consideró que no debió haberse retenido suma alguna sobre los montos abonados por tal concepto, por entender que éstos se encontraban fuera del objeto de gravamen, conforme lo previsto por el art. art. 20, inciso i), de la Ley de Impuesto a las Ganancias y por la jurisprudencia emitida al respecto.

Agregó el Tribunal a quo que la parte actora consideró que si no se le hubiera efectuado la limitación que dispone en su primer párrafo el art. 245 de la Ley de Contrato de Trabajo, le habría correspondido una indemnización superior a la percibida mediante el convenio suscripto en donde se le liquidaron "diferencias salariales e indemnizatorias”, motivo por lo cual, expuso que le fue retenida la suma de $ 475.712,64 en concepto de Impuesto a las Ganancias cuya repetición reclama en autos.

En tal sentido, recordó lo previsto por el art. 20, inciso i), de la Ley del Impuesto a las Ganancias y destacó que la parte actora no acompañó documental a los fines de poder diferenciar las rubros que componen el concepto "diferencias salariales e indemnizatorias” con el objeto de acreditar que la suma abonada tenga como causa jurídica la interrupción de la relación laboral y no ésta en sí misma. Además, indicó que en dicho convenio se estipuló una retención a practicarse por la empleadora sin que el recurrente hubiera formulado objeción alguna al suscribir el mismo.

En este orden, mencionó lo previsto por el art. 2° de la L.I.G. en cuanto establece que son ganancias para la ley, a saber: “...los rendimientos, rentas o enriquecimientos susceptibles de una periodicidad que implique la permanencia de la fuente que produce y su habilitación.", motivo por lo cual, el Tribunal Fiscal de la Nación entendió que: “.al no surgir de autos que la suma cuya devolución se reclama sea consecuencia del distracto laboral, cabe concluir que la misma reviste carácter remuneratorio de la prestación laboral, reuniendo los requisitos de periodicidad y permanencia en la fuente exigidos, por lo que se encuentra alcanzada por el Impuesto a las Ganancias como ganancia de cuarta categoría proveniente del trabajo personal ejecutado en relación de dependencia según el art. 79 inc. b) de la ley de gravamen".

Aclaró que la doctrina sentada por la C.S.J.N. en los pronunciamientos: “Lorenzo, Ana Beatriz”, "Cuevas, Luis Miguel” y “Negri, Fernando Horacio”, no resultaban aplicables al caso de autos.

II. - Que contra tal pronunciamiento, a fs. 116 la parte actora interpuso recurso de apelación, así como también contra la regulación de honorarios allí efectuada, expresando agravios a fs. 121/147vta.

A fs. 154/159vta. obra la contestación del traslado del Fisco Nacional.

III. - Que el recurrente se agravió porque la mayoría del Tribunal Fiscal de la Nación resolvió rechazar el pedido de repetición que formuló en los términos del art. 81 de la ley 11.683, sobre la base de que su parte no produjo prueba tendiente a acreditar la naturaleza de los montos percibidos cuya repetición solicitó.

Planteó la violación manifiesta de las formas legales en el procedimiento seguido ante el T.F.N. y, por tanto, solicitó la declaración de nulidad del decisorio recurrido por considerar que adolece de vicios graves, fundado en que le fue denegado el pedido de producción de prueba y que, como consecuencia de ello, se frustró la realización de la prueba pericial que -a su entender- resultaba crucial para evacuar cualquier duda en torno a la naturaleza de la renta que se le abonara con motivo de su desvinculación; ello así, más aún, tomando en consideración los argumentos expuestos por el voto de la mayoría en la sentencia recurrida.

Esgrimió que de la lectura del decisorio cuestionado, se verifica un inadecuado apartamiento de las constancias de la causa, advirtiéndose una insalvable irregularidad del proceso y en la fundamentación del decisorio, al arribar este último a conclusiones que tienen como precedente directo un acto procesal inválido, violándose el principio de congruencia.

Por otra parte, sostuvo que en autos se encontraba debidamente acreditado el verdadero origen del pago recibido luego de la desvinculación y que por ello correspondía la aplicación de la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el Fallo “Negri”. En esta inteligencia, reprodujo el voto de la Dra. O' Donnell, de la minoría del T.F.N., el cual citó como apoyo de su petición.

Expuso las violaciones que a su juicio se han producido en el debido proceso adjetivo y en el derecho de defensa, las que tornan arbitraria la sentencia de la mayoría -en particular respecto a la falta de producción de la prueba ofrecida-; la inexistencia de análisis de la prueba producida en sede administrativa y la omisión de la autosuficiencia de ésta para avalar la repetición pretendida y el incumplimiento de la búsqueda de la verdad jurídica objetiva.

Alegó, entre varias cuestiones, que “...Tal como lo explicamos en el recurso de apelación, se me debería haber abonado una indemnización.Sin embargo, en la negociación realizada acepté la suma total bruta de $ 8.006.108,52...” (el resaltado es un agregado del Tribunal).

Por último, ofreció prueba e hizo reserva del caso federal.

IV. - Que el Fisco Nacional, al contestar el traslado del memorial, adujó que en el sub examine no se da ninguno de los supuestos que habilitarían la revisión del pronunciamiento del TFN, de conformidad con lo dispuesto por el art. 86, inciso b), de la ley 11.683, solicitando se rechace el recurso deducido y se confirme la resolución recurrida.

Recordó el dictado de la Resolución n° 205/16 (DV NRR1), en el marco del trámite administrativo cuya demora en resolver dio lugar al inicio del recurso por retardo ante el T.F.N., en el cual se rechazó el pedido de repetición presentado por la actora.

Por último, se expidió con relación a los intereses pretendidos por su contraria. Citó jurisprudencia en apoyo de su postura.

V. - Que de modo inicial, debe señalarse que los jueces no se encuentran obligados a seguir a las partes en todas y cada una de las cuestiones y argumentaciones que proponen a consideración del Tribunal sino tan solo aquéllas que son conducentes para decidir el caso y que bastan para dar sustento a un pronunciamiento válido (cfr. C.S.J.N., Fallos: 258:304; 262:222; 265:301; 272:225; 278:271; 291:390; 297:140 y 301:970 entre otros y, en sentido concordante, esta Sala, in re: “Lazcoz, Ada Mabel (TF 24.565-I) c/D.G.I.”, del 15/9/2016, entre muchos otros).

VI. - Que así las cosas, cabe señalar que en las presentes actuaciones, no se encuentra controvertido que el actor y la firma Wells Fargo Advisors Argentina LLC (ex empleador del actor, donde se desempeñó en relación de dependencia desde el 1/6/1981 hasta el 30/4/2010) resolvieron de mutuo acuerdo la desvinculación laboral (ver fs. 5/7 del expediente principal).

De la lectura del convenio referido, se desprende que las partes pactaron lo que sigue:

“En la Ciudad de Buenos Aires, a los 26 días del mes de agosto de 2010 se reúnen...a fin de convenir:

1) EL RECLAMANTE sostiene que con motivo del despido antes indicado corresponde que sean liquidadas por LA EMPRESA diferencias salariales e indemnizatorias...

3) Que sin perjuicio de la negativa y rechazo antes expresada, LA EMPRESA, al solo efecto conciliatorio y sin que ello implique reconocer los hechos ni el derecho ofrece abonar al RECLAMANTE la suma total y definitiva de $ 899.406,24... El pago de la suma mencionada será neto de retenciones correspondiente al impuesto a las ganancias. El importe bruto del acuerdo es de $ 1.375.118.88...la deducción correspondiente al impuesto a las ganancias es de $ 475.712,64..., diferencia que arroja la suma neta de $ 899.406.24. LA EMPRESA ofrece abonar al RECLAMANTE la cifra neta antes indicada mediante cheque que se entregara dentro de las 72 horas de homologado el presente acuerdo...

4) EL RECLAMANTE manifiesta que acepta la suma ofrecida. conceptos que comprende y forma de pago...

Ambas partes solicitan la homologación del presente acuerdo en virtud de que se ha arribado a una justa composición de sus intereses, en los términos del art. 15 de la Ley de Contrato de Trabajo.

Las partes suscriben el presente, en prueba de conformidad...” (ver fs. 6; el resaltado no es original).

El acuerdo fue ratificado por las autoridades del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires -Área Conciliaciones Laborales- y las partes peticionaron la homologación del mismo por la Subsecretaria de Trabajo de la Ciudad (ver fs. 7 del expte. principal).

Con posterioridad a ello, con fecha 2/9/2010, se emitió la Resolución n° 004515 que homologó el convenio en cuestión. Al respecto, se indicó que: "...han arribado (las partes) a una justa composición de sus derechos e intereses en los términos del art. 15 de la LCT” (ver fs. 19 del expte. principal).

Tampoco se encuentra controvertido en autos que la retención de la suma de $ 475.712,64 lo fue en concepto de Impuesto a las Ganancias, sobre lo cual, la parte demandada, al tiempo de emitir la Resolución N° 205/2016 (DV NRR1) señaló entre sus considerandos que fue ingresada con fecha 7/9/2010 (ver actuaciones administrativas reservadas y fs. 86 de estos actuados); extremo que la accionada resaltó al tiempo de verificar si se encontraban reunidos los requisitos iniciales para la procedencia de la repetición pretendida por el actor.

Por otra parte, cabe recordar que el actor inició el presente recurso de repetición por retardo por ante el Tribunal Fiscal de la Nación solicitando la devolución en los términos del art. 81 de la ley 11.683 por la suma de $ 475.712,64 -con más intereses-, en atención a la demora incurrida por el organismo recaudador en expedirse respecto del pedido de repetición que fuera presentado en sede administrativa con fecha 30/12/2014.

Señaló el actor que el monto antes referido había sido indebidamente retenido en concepto del Impuesto a las Ganancias al entender que el mismo se encontraba fuera del objeto del gravamen, ello así, por relacionarse con el rubro "diferencias salariales e indemnizatorias”, conforme la legislación vigente (art. 20, inciso i, de la Ley de Impuesto a las Ganancias). Además, denunció que le hubiera correspondido una suma superior en concepto de indemnización distinta a la acordada mediante el convenio de desvinculación.

VII. - Que, por otra parte, es preciso recordar que la teoría de los actos propios se encuentra íntimamente relacionada con el principio cardinal de la buena fe, a tal punto que nuestro Máximo Tribunal ha entendido que dicho principio -buena fe- se ve exteriorizado en la circunstancia mediante la cual nadie puede ponerse en contradicción con sus propios actos, ejerciendo una conducta incompatible con otra anterior deliberada, jurídicamente relevante y plenamente eficaz (cfr. C.S.J.N. in re: “Argencard S.A. c/Chubut, Provincia del y otro s/acción declarativa”, del 29/11/2011, expte. A.697.XXXIX y sus citas). Es decir que: “...la buena fe implica un deber de coherencia de comportamiento, que consiste en la necesidad de observar en el futuro la conducta que los actos anteriores hacían prever; regla que gobierna tanto el ejercicio de los derechos como la celebración y ejecución de los contratos...” (ver, C.S.J.N. in re: “Exolgan S.A. c/ Administración General de Puertos s/ proceso de conocimiento”, expte. E. 9. XXXV., considerando 6°, primera parte, sentencia del 11/07/2003).

En ese sentido, vale recordar que la buena fe quedaría gravemente resentida si pudiera lograr tutela judicial la conducta de quien se pusiera en contradicción con sus propios actos, ejerciendo una conducta incom-patible con la asumida anteriormente (cfr. doctrina del dictamen del Sr. Fiscal General ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en la causa: "Central Térmica Güemes S.A. c/ resolución 1650/96 ENRE -expte. 4698/98-", expediente: C. 2096. XXXIX, del 29 de abril de 2005).

VIII. - Que sentado lo anterior, corresponde destacar que la parte actora en varias ocasiones indicó que suscribió el acuerdo de desvinculación con su ex empleador a fin de evitar la prosecución de un posterior pleito laboral. Por tal motivo, señaló que convalidó los conceptos y los montos ofrecidos, tal como surge de la reseña efectuada en el considerando V donde se que analizaron los términos en que fuera suscripto el acuerdo en cuestión.

De lo expuesto surge que el actor, voluntaria y deliberadamente aceptó la percepción de una suma neta de retenciones ($ 899.406,24); de modo que la retención que fuera practicada en concepto de Impuesto a las Ganancias que ascendía a $ 475.712,64 con motivo de la desvinculación mencionada integró el concepto del importe bruto a cargo del empleador ($ 1.375.188,88) tal como surge del punto 3°) del convenio en cuestión.

Es decir, el recurrente prestó su conformidad con los montos y conceptos calculados y liquidados por su ex empleador por el cual habría de percibir la suma de $ 899.406,24, que es lo que efectivamente recibió sin experimentar sobre dicho monto retención alguna y sin efectuar ningún tipo de reserva o reparo; motivo por el cual, mal podría alegar con posterioridad que las sumas percibidas debieron ser superiores a las acordadas en el marco del acuerdo conciliatorio suscripto, en el cual y con ajuste a los términos pactados fue el empleador quien se hizo cargo del tributo correspondiente a la indemnización percibida.

Al respecto, cabe señalar que tal circunstancia también fue puesta de manifiesto por la accionada al tiempo de contestar el traslado que le fuera conferido por el Tribunal a quo sobre la repetición pretendida (ver fs. 58, apartado A, de estos actuados), argumento que fuera esgrimido, entre otros, como fundamento de la solicitud de rechazo de la devolución exigida por el señor Gowland.

Sobre la base de lo expuesto, es dable concluir que una resolución en sentido en contrario importaría volver sobre actos cumplidos, desconociendo la validez del acuerdo alcanzado que, en su momento, el actor consideró beneficioso (o por lo menos razonable), derivando de ello que la repetición pretendida resulta una conducta incompatible con la asumida anteriormente (conf. esta Sala, en su anterior integración, in re: “Yacurto Miguel c/ISSB s/empleo público", causa n° 25.593/00, del 26/6/2008 y Fallos: 294:220; 299:373; 300:147; 480 y 305:1402; así como también, Sala I, in re: "Sánchez, Cristóbal y otro c/M° E-Dirección General de Fabricaciones Militares s/Personal Militar y Civil de las FFAA y de Seg.", causa n° 34.989/00, del 20/12/2007, en el cual se analizó el cobro de diferencias salariales a la luz de actas de desvinculación).

Al respecto se ha sostenido que nadie puede ponerse en contradicción con sus propios actos, ejerciendo una conducta incompatible con otra anterior (ver C.S.J.N., en Fallos: 323:3.035), por lo que no resulta lícito hacer valer un derecho en contradicción con la anterior conducta interpretada objetivamente según la ley, las buenas costumbres o la buena fe (ver C.S.J.N., en Fallos: 321:2.530). Esta última, implica un deber de coherencia del comportamiento que consiste en la necesidad de observar en el futuro la conducta que los actos anteriores hacían prever; regla que gobierna el ejercicio de los derechos y es aplicable por igual en el campo del derecho privado como del derecho administrativo (conf. C.S.J.N., en Fallos: 321:2.530 y esta Sala, in re: “Blanco, Claudio Alejandro c/E.N. - M° Interior - P.F.A. s/daños y perjuicios”, del 11 /6/2013, y su cita).

De tal modo, por aplicación de la doctrina de los propios actos y en atención a lo manifestado precedentemente, este Tribunal entiende que corresponde desestimar el recurso de apelación deducido por la accionante.

IX. - Que en atención a la forma en la que se decide, resulta insustancial expedirse con relación al planteo de nulidad del procedimiento seguido en la instancia del T.F.N. fundado en la falta de producción de la prueba.

X. - Que en atención a los términos decididos, corresponde imponerlas las costas a la parte actora vencida (cfr. art. 184 de la ley 11.683 y art. 68 del C.P.C.C.N.).

XI. - Que a fin de tratar el recurso interpuesto contra la regulación de honorarios; en primer término, cabe señalar que, mediante la misma se busca compensar de modo adecuado la tarea desplegada por los profesionales que se desempeñaron durante la sustanciación de la causa. Para ello debe ponderarse la magnitud del trabajo realizado, el grado de responsabilidad asumido, en concordancia con la complejidad de los intereses económicos en juego y la contribución que cada uno ha aportado para llegar a la solución definitiva del pleito.

Además a fin de lograr una retribución equitativa y justa no resulta conveniente tan sólo la aplicación automática de porcentajes previstos en los aranceles, en la medida en que las cifras a las que se arriba pudieren conducir a una evidente e injustificada desproporción con la obra realizada. Tal proceder, limitaría la misión del Juzgador a un trabajo mecánico sin un verdadero análisis y evaluación de la tarea encomendada a los abogados, peritos, consultores, etc. (conf. esta Sala, ‘in re’ "Unión Obrera Metalúrgica de la República Argentina c/E.N. -M° de Salud y Acción Social- y otro s/Juicios de Conocimientos” del 30 -XII-97 y "Estado Nacional (M.O.S.P. y E.) c/Baiter S.A.” del 2-IV-98, entre otras), razón por la cual se impone la adecuada y prudente ponderación de la totalidad de los factores que conducen a la ajustada valoración de la tarea profesional.

Que, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha dicho que el valor del juicio no es la única base computable para las regulaciones de honorarios, las que deben ajustarse al mérito, naturaleza e importancia de la labor profesional (C.S. Fallos: 270:388; 296:124, entre muchos más).

Que sobre la base de las consideraciones precedentemente expuestas, cabe tener en cuenta la naturaleza del asunto, resultado y montos involucrados - conf. repetición reclamada apartado II de fs. 30, lo resuelto a fs. 112/115 y precedentemente-; atento al mérito, calidad, eficacia y extensión de los trabajos profesionales desarrollados durante la etapa del pleito cumplida, corresponde, confirmar - en lo que fue materia de recurso- los honorarios de la dirección letrada y representación de la demandada (arts. 6, 7, 9, 10, 19, 22, 37, 38, y ccdtes. de la ley 21.839, modificada por la ley 24.432).

Por las tareas efectuadas en la alzada, atento el resultado obtenido, y lo resuelto por la CSJN doctr. Fallo "Las Marías”, corresponde regular en la suma de PESOS DIEZ MIL SETECIENTOS NOVENTA Y UNO ($ 10.791) -equivalente a 4,50 UMA-; los emolumentos de la DRA. MARIA SOFIA PRESTI, por la actuación en el carácter de letrada apoderada, actuante en defensa de la demandada (arts. 20, 21, 24, 29, 30, 44 inc. b) y ccdtes. y citados de la ley 27.423).

El importe del impuesto al valor agregado integra las costas del juicio y deberá adicionarse a los honorarios, cuando el profesional acreedor revista la calidad de responsable inscripto en dicho tributo (conf. esta Sala in re: “Beccar Varela Emilio - Lobos Rafael Marcelo -c/Colegio Públ. de Abog." del 16 de julio de 1996).

Para el caso de que el profesional no haya denunciado la calidad que inviste frente al IVA, el plazo para el pago del tributo sobre el honorario regulado, correrá a partir de la fecha en que lo haga.

Por lo expuesto, el Tribunal RESUELVE: 1°) Desestimar la apelación de la parte actora y, en consecuencia, confirmar lo resuelto por el T.- F.N. a fs. 112/115, con arreglo a lo expuesto precedentemente, 2°) imponer las costas a la parte actora vencida (art. 184 de la ley 11.683 y art. 68 del C.P.C.C.N.) y 3°) confirmar la regulación de honorarios efectuada por el T.F.N. y fijar los de alzada de conformidad al considerando XI.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

 

LUIS M. MARQUEZ

MARIA CLAUDIA CAPUTI

JOSE LUIS LOPEZ CASTIÑEIRA

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