Prensa
29/11/2019

Límites a la facultad de fiscalización de la AFIP, por Héctor Tristán.

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Un aspecto de la relación tributaria que más preocupa a los contribuyentes, es el ejercicio de la factultad de fiscalización de la Administración, cuyo objeto consiste en verificar el correcto cumplimiento de precisamente las obligaciones tributarias de aquellos.

Recientemente la Justicia a través de un fallo de la Cámara Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal  - Sala III, en la causa FGF Trapani SRL  s/DGI de fecha 22/10/2019 fijó un límite a dicha facultad de fiscalización por parte del AFIP, donde actúa como muro de contención el  derecho de defensa y del debido proceso, como también el de las garantías mínimas de los contribuyentes, revocando la sentencia apelada.- Dado que si bien las leyes tributarias vigentes conceden a la Autoridad fiscal un conjunto muy grande de prerrogativas a la par establece un abanico muy amplio de responsabilidades para el contribuyente.

Ello tiene sentido, pues en la medida que el objetivo principal de la Administración consiste en recaudar los recursos que el Estado requiere para el cumplimiento de sus fines, corresponde que dicha entidad cuente con instrumentos suficientes que permitan ser muy rigorosa a la hora de verificar el correcto cumplimiento de las obligaciones tributarias de los contribuyentes.

Así  por ejemplo, la ley de procedimiento establece que la facultad de fiscalización incluye la inspección, investigación y el control del cumplimiento de obligaciones tributarias; facultándola a exigir a los deudores tributarios la exhibición y/o presentación de sus libros, registros y/o documentos que sustenten la contabilidad y/o que se encuentren relacionados con hechos susceptibles de generar obligaciones tributarias, los mismos deberán ser llevados de acuerdo con las normas correspondientes.

Por su parte, los contribuyentes están obligados a facilitar las labores de fiscalización y determinación que se realice así como presentar o exhibir declaraciones, informes, libros de actas, registros y libros contables y demás documentos relacionados con hechos susceptibles de generar obligaciones tributarias, en la forma, plazos y condiciones que le sean requeridos.

A pesar de este marco legal tan orientado a favorecer la actuación de las autoridades tributarias en los procedimientos de fiscalización, en ocasiones, éstas se exceden en el ejercicio de sus facultades, incurriendo en arbitrariedades a partir de la literalidad de las normas y olvidando el verdadero sentido o finalidad de las mismas.

El Tribunal, en la causa citada afirmó que “si bien resulta sustancial poner en conocimiento del contribuyente, a través de la ‘Orden de Intervención (en adelante OI)’ que se encuentra bajo fiscalización tributaria, a efectos de que el interesado adquiera certeza sobre la posibilidad de que la misma concluya en un procedimientos de determinación de oficio, lo cierto es que dicha comunicación es un acto interno de la Administración Nacional que se encuentra regulado por la Ley N° 11.683, la cual establece que el procedimiento de determinación de oficio se iniciará efectivamente con la vista al contribuyente que prevé el art. 17 de la citada norma y no con la OI aquí cuestionada”.

Precisó que la inspección, luego de analizar los antecedentes de la FGF Trapani SRL, encontró operaciones con proveedores por períodos distintos a los indicados en la primera OI, ampliando la fiscalización.

Concluyendo que según puede advertirse la construcción del expediente se cimento sobre una base sólo aparente, desde que, tanto en su faz fáctica como jurídica, los cargos atribuidos a la actora son sumamente pobres.

Se observa pues que desde el inicio, los achaques asignados a los proveedores se han ido repitiendo una y otra vez, sin atender a los argumentos y probanzas ofrecidos por la firma contribuyente.

Además de ello, los cargos se fundaron en el Principio de la Realidad Económica, lo cual no permite apreciar certeramente la solvencia jurídica que la materia en cuestión exige. Repárese que aquél axioma se activa “Para determinar la verdadera naturaleza del hecho imponible… [para lo cual] se atenderá a los actos, situaciones y relaciones económicas que efectivamente realicen, persigan o establezcan los contribuyentes. Cuando éstos sometan estos actos, situaciones o relaciones a formas o estructuras jurídicas que no sean manifiestamente las que el derecho privado ofreza o autorice para configurar adecuadamente la cabal intención económica y efectiva de los contribuyentes se prescindirá en la consideración del hecho imponible real, de las formas y estructuras jurídicas inadecuadas, y se considerará situación económica real como encuadrada en las formas y estructuras que el derecho privado les aplicaría con independencia de las escogidas por los contribuyentes o les permitiría aplicar como las más adecuadas a la intención real de los mismos” (ley 11.683 art. 2°).

Negando que en la causa analizada se encuentre ante un debate en torno a “la verdadera naturaleza del hecho imponible”, ni en un supuesto en el cual Trapani hubiera sometido “actos, situaciones o relaciones a formas o estructuras jurídicas       que no sean manifiestamente las que el derecho privado ofrezca o autorice para configurar adecuadamente su cabal intención económica efectiva”, sino sólo ante un caso en el cual, presuntivamente, se consignaron operaciones inexistentes en el libro IVA-compras.

Resulta evidente entonces que la fundamentación y el sustento que la administración fiscal han empleado para elevar, son deficientes; ello torna inocuo cualquier intento de convalidación posterior, convirtiendo a sus conclusiones en ineficaces y no oponibles al contribuyente, revocando el fallo anterior en sentido contrario.

Como se puede apreciar, la conclusión de la Cámara obedece a la interpretación sistemática del conjunto de normas que regulan las facultades de la Administración para ejercer su función fiscalizadora, buscando encontrar un punto de equilibrio entre tales facultades y los derechos de los contribuyentes, subrayando la importancia del derecho de defensa y del debido proceso, como también el de las garantías mínimas de los mismos.-

Saludamos dicho razonamiento y esperamos que se replique en más causas que tengan en común un conflicto entre las facultades del Fisco y los derechos de los contribuyentes.   

Por: Hector Tristán

Fuente: Revista Horizonte N° 121 Noviembre 2019

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