Jurisprudencia
30/05/2016

Prescripción de tributos locales, CSJN rechaza competencia originaria

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Notamos con frecuencia que la mayoría de las legislaciones locales, salvo alguna excepción como puede ser Tucumán(1), se han ocupado de diseñar al instituto de la prescripción de una manera significativamente distinta a como lo prevé el Código Civil (2), disponiendo que el inicio de su curso no comienza cuando la prestación es exigible (fecha de vencimiento del pago del tributo o anticipo), como lo establecen el ex art. 3.956 del compendio anterior o actual art. 2.554 del Código Unificado, postergando el comienzo, generalmente, hacia el 1 de enero del año siguiente al vencimiento de las presentaciones de las declaraciones juradas(3); o incluyendo varias causales de suspensión, cuando la ley de fondo, en su actual art. 2.541, anterior 3.986 segundo párrafo, sólo permite hacerlo una sola vez; o bien incorporando modos de interrupción que ni el actual Código Civil y Comercial en sus arts. 2.545 y 2.546, ni el antiguo en sus arts. 3.986, primer párrafo y 3.989 preveían.

Esta dicotomía en abordar el instituto de la prescripción, que es evidente entre la legislación de fondo y las locales, ha generado múltiples planteos en los diversos tribunales del país y, salvo extrañísimas excepciones(4), la mayoría ha decidido respetar el criterio del alto tribunal.

Y la interpretación que ha efectuado la Corte de la Nación ha sido invariable, atreviéndonos a colegir que su jurisprudencia data desde más de 40 años cuando en el año 1969 se conoció la causa Martínez y Esquivel (Fallos: 269:373) cuyos fundamentos fueron reiterados y profundizados, ya más acá en el tiempo, en el año 2003, en la reconocida causa Filcrosa SA (Fallos: 326:3899).

Luego, tiene una amplia gama de precedentes que se multiplican y reiteran, todos hacia la misma dirección, incluso en los últimos tiempos(5).

La tesitura que mantiene, que exponemos sintéticamente, es la de que prevalece el Código Civil, de fondo, por sobre toda reglamentación local y que cualquier norma doméstica que se contraponga a aquél resulta contraria a la Ley Fundamental, caso contrario se violentan las facultades exclusivas de la Nación en una materia que involucra relaciones entre acreedores y deudores como es el caso de la prescripción liberatoria, que está regulada por la legislación común (art. 75, inciso 12, CN).

Inquietud

Ahora bien, conociendo estos criterios, que pueden hacerse valer en un caso concreto, surge el interrogante acerca de dónde, cómo y cuándo puede plantearse el argumento, enderezado lógicamente a obtener un decisorio que establezca que las acciones del Fisco, cualquiera que se trate, han de estar prescriptas.

Lógicamente que el hábitat natural para realizar estos planteos son, en principio, los expedientes administrativos donde se tramita la determinación de oficio o la intimación de que se trate o bien las instancias sucesivas tanto administrativas como judiciales(6).

Sin embargo, y dado el argumento plasmado por la Corte, inherente a que la regulación de la prescripción es una cuestión exclusiva del Congreso de la Nación, ajena a la competencia de las provincias, debido a la existencia de las cláusulas previstas en los arts. 75, inciso 12 y 31 de la carta magna, el debate acerca de la prevalencia del Código Civil sobre el Fiscal podría configurar una cuestión federal y, en consecuencia, quedaría abierta la competencia originaria del máximo tribunal, de acuerdo con los arts. 116 y 117 de la ley fundamental y la Ley 48(7) .

De esta forma, existirían dos planteos de prescripción. Uno, en terreno local, sea en la actuación administrativa o ante la Justicia ordinaria, según el avance del expediente. El otro, en forma directa y originaria, vía art. 322 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, ante la Corte de la Nación.

Ambas postulaciones persiguiendo el mismo objeto: primero, la declaración de inconstitucionalidad de las diversas cláusulas del Código Fiscal y, después, una resolución que decrete la prescripción de las acciones en el caso concreto.

No obstante, recientemente el alto tribunal de la República ha ratificado un criterio(8) que había plasmado en 2009 en la causa CSJ 425/2006 (42-N) caratulada Nestlé Argentina SA c/Buenos Aires, provincia de s/acción declarativa de certeza (Sellos) del 24 de noviembre de ese año y, en consecuencia, ha determinado que las acciones declarativas promovidas por los contribuyentes contra las provincias, de acuerdo al art. 322 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, en el afán de obtener la inconstitucionalidad de ciertas cláusulas de los códigos fiscales que regulan a la prescripción de un modo diverso a como lo hace el Código Civil, son ajenas a su competencia originaria.

Es decir, impide que en forma directa, vía acción, se solicite la prescripción de las acciones de las provincias pese a que la demanda se base en su propia jurisprudencia y en la afectación al art 75, inciso 12 de la Constitución.

Esto tiene, al menos, tres conclusiones.

Una, relativa a que expresamente en Alpargatas SACI ha dejado plenamente sentado que el análisis de la inconstitucionalidad de los códigos fiscales en materia de prescripción, corresponde inexcusablemente a los jueces locales, propios de cada jurisdicción, ya que ha entendido que el artículo 117 de la Constitución nacional le asigna competencia originaria en la medida en que la pretensión se funde exclusivamente en prescripciones constitucionales de carácter nacional, leyes del Congreso o tratados, de tal suerte que la cuestión federal sea la predominante, remarcando que el Congreso Nacional emite tres tipos o clases de leyes, entre las cuales se encuentra las de derecho común, cuya aplicación les corresponde a los tribunales federales o provinciales, según las cosas o personas estén bajo su jurisdicción y que precisamente, el instituto de la prescripción tiene naturaleza de derecho común, con lo cual les corresponde a los magistrados del distrito provincial implicado abordar el asunto y no a ella, en forma exclusiva, excluyente y originaria.

Otra conclusión es que esta hermenéutica en absoluto priva u obsta a los justiciables a que, por la vía extraordinaria prevista en el art. 14 de la Ley 48, deduzcan el recurso extraordinario y arriben a la Corte a través de este canal procesal aunque esta posibilidad demanda muchos años de litigio y espera.

Finalmente, haremos notar que el alto tribunal de algún modo deja sentada la pauta a los jueces locales vinculada a que obligatoriamente deben abordar y tratar los planteos de inconstitucionalidad en materia de prescripción ya que la disposición constitucional, prevista en el inc. 12 del art. 75, rige en el ámbito de toda la Nación, en la que las provincias forman parte, en un todo de acuerdo con el control difuso de constitucionalidad que prevé la Carta Magna.

De esta forma, no es posible plantear, por conducto del art. 322 del CPCCN y en la instancia originaria del Tribunal, la inconstitucionalidad de los códigos fiscales locales por afectación al Código Civil y esta doctrina no variará ni siquiera cuando se termine por completar el proceso de designación de los dos ministros (jueces) que faltan para integrar los cinco (5) que disponen las leyes 26.183 y 16.895, ya que el fallo que comentamos fue unánime, lo que nos lleva a concluir que, pese a futuras e hipotéticas disidencias, ya existe mayoría sobre el asunto abordado.

1) El Código Fiscal de la provincia explícitamente remite al Código Civil. Lo hace en estos términos, según su art. 54: Respecto al instituto de la prescripción rige lo establecido por el Código Civil y Comercial de la Nación y el Código Penal según la materia de que se trate. El plazo de prescripción de tributos establecidos por este Código o por Leyes especiales, queda regulado en cinco (5) años.

2) Cuando decimos Código Civil, referimos tanto al antiguo (Ley 340) como al nuevo Unificado, creado según Ley 26.994.

3) Por ejemplo Códigos Fiscales siguientes: provincia de Bs.As., art. 159; CABA, art. 82; Chaco, art. 87;Corrientes art 90, inciso a); Misiones, art. 121, entre varias otras.

4) Por ejemplo, podemos hacer notar la sentencia dictada por el Tribunal Superior de la Ciudad de Bs. As. que, con la excusa de los nuevos arts. 2.532 y 2.560 del Código Civil y Comercial entendió que la prescripción reglada por el Código Fiscal local prevalece sobre aquél, concluyendo que no son inconstitucionales las cláusulas que, en forma distinta, disponen el comienzo y modos de suspensión. Lo hizo en Fornaguera Sempe, Sara Stella y otros c/GCBA s/otras demandas contra la Autoridad Administrativa, del 23/10/15.

5) Verbigracia, doctrina de Fallos: 326:3.899; 327:3.187; 322:616; 332:2.108; 332:2250 y en las causas M.376, L.XXXVII, Municipalidad de Resistencia c/Biolchi, Rodolfo Eduardo y Bioichi, Luis Ángel s/ejecución fiscal, sentencia del 8 de septiembre de 2009 y en F. 358, L. XLV, Fisco de la provincia de Buenos Aires - Incidente de verificación de crédito en Corralón Sánchez Elía SRL - quiebra, sentencia del 28 de septiembre de 2010; P.154, L. XLV, Provincia del Chaco c/ Rivera, Rodolfo Aníbal s Apremio, del 10 de febrero de 2011; Fisco de la provincia de Córdoba c/Ullate, Alicia Inés, del 1 de noviembre de 2011; Municipalidad de la Ciudad de Corrientes c/Herrmann, Alejandro Enrique s/apremio, del 11 de febrero de 2014, entre muchísimos otros.

6) Dependiendo el Código Fiscal de la provincia involucrada, será el iter procesal que deberá respetarse, por ejemplo Recursos de Reconsideraciones, Jerárquicos o Apelaciones al Tribunal Fiscal. Clausurado el trámite administrativo, luego habrá que insistir sobre la prescripción en sede judicial, según los códigos administrativos provinciales (demanda contenciosa ante primera instancia -CABA-, directamente a la Cámara de Apelaciones Contencioso Administrativo -Santa Fe o Buenos Aires-; o ante los Tribunales Superiores de Justicia -Formosa, Misiones, entre otros-).

7) Artículo 116. Corresponde a la Corte Suprema y a los tribunales inferiores de la Nación el conocimiento y decisión de todas las causas que versen sobre puntos regidos por la Constitución, y por las leyes de la Nación, con la reserva hecha en el inc. 12 del artículo 75 y por los tratados con las naciones extranjeras; de las causas concernientes a embajadores, ministros públicos y cónsules extranjeros; de las causas de almirantazgo y jurisdicción marítima; de los asuntos en que la Nación sea parte; de las causas que se susciten entre dos o más provincias; entre una provincia y los vecinos de otra; entre los vecinos de diferentes provincias; y entre una provincia o sus vecinos, contra un Estado o ciudadano extranjero.

8) Artículo 117.- En estos casos la Corte Suprema ejercerá su jurisdicción por apelación según las reglas y excepciones que prescriba el Congreso; pero en todos los asuntos concernientes a embajadores, ministros y cónsules extranjeros, y en los que alguna provincia fuese parte, la ejercerá originaria y exclusivamente.

9) Fallo Alpargatas SACI c/ Prov. de Chaco s/Acción Declarativa. Del 15/3/16. 

 

Fuente: Novedades Fiscales - Escribe: Enrique L. Condorelli (*)

Abogado. Magister en Derecho Tributario (Univ. Austral).

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